La reciente investigación que apunta al clan Albistur, involucrando a empresas vinculadas a José Luis Olaverría y su cooperativa de publicidad, exponen una cadena de corrupción que trasciende los gobiernos y revela las complejidades de la gestión pública en la provincia de Buenos Aires. Según datos publicados por La Derecha Diario, esta modalidad de retorno se mantenía con aparentes permisos políticos, facturando a entidades estatales por más de 1,216 millones de pesos actuales. La operativa consistía en servicios de cartelería pública, en la que Olaverría y sus cooperativas Moll y X La Plata Publicidad obtenían ganancias que luego se dividían entre los Albistur y el propio Olaverría.

La información recopilada a través de correos electrónicos revela la repartición específica de las ganancias: hasta un 35% de comisión quedó en manos de instituciones gubernamentales y el resto se distribuía entre los Albistur y Olaverría. Uno de los correos más destacados titulado “Lo que te rindo es lo siguiente” menciona a Francisco Albistur, hijo de Enrique “Pepe” Albistur, como el receptor de la "rindición" de los ingresos que incluían contratos con organismos como la AFIP y ANSES. .

Los correos también confirman que, entre 2015 y 2017, estas comisiones incluían a figuras como la gobernadora de entonces, María Eugenia Vidal, aunque la investigación no haya demostrado la participación directa de esta última en el esquema. Sin embargo, esta práctica, que data de hace más de una década, muestra cómo la empresa familiar Wall Street Vía Pública —del grupo Albistur— se beneficiaba de forma opaca a los principales accionistas.

El caso plantea una pregunta de fondo sobre la relación entre el empresariado y el Estado en Argentina, especialmente en la prestación de servicios públicos que, en teoría, deben mantenerse fuera de intereses familiares o partidistas. Los hallazgos muestran cómo Moll facturó aproximadamente 305 millones de pesos actuales a la administración Vidal y también, en años recientes, a la gobernación de Axel Kicillof a través del Ministerio de Comunicación Pública, dirigida por Jesica Rey, ex jefa de campaña del actual gobernador.

El alcance de la red Albistur-Olaverría muestra la facilidad con que algunas cooperativas se transforman en vehículos de ingreso para grupos de poder, donde las contrataciones públicas, en lugar de responder a criterios de transparencia, parecen adaptarse a las necesidades políticas de quienes ostentan el poder. La investigación, con millas de pruebas en documentos y correos, podría sentar precedentes sobre la necesidad de reconfigurar el control y la auditoría en los contratos de servicios estatales, que hoy, más que nunca, parecen estar destinados a beneficiarios a los mismos de siempre.