La Municipalidad de Córdoba enfrenta un nuevo conflicto laboral tras anunciar que entre 800 y 1.000 becarios y monotributistas serán desvinculados a partir de enero de 2024. La medida, justificada en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, desató una inmediata respuesta del sindicato SUOEM, que declaró el estado de alerta y movilización.
Desde la gestión del intendente Daniel Passerini, se afirma que estas desvinculaciones son parte de un plan para ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, el gremio asegura que se trata de un golpe directo a los sectores más precarizados del municipio.
Ariel König, vocero del sindicato, sostuvo que "los trabajadores becarios y monotributistas no solo pierden su empleo, sino también la posibilidad de estabilidad laboral". Además, denunció que la administración municipal incumple acuerdos previos relacionados con la regularización de empleados.
Las críticas no terminan en las desvinculaciones. Desde el SUOEM, se acusa a la gestión de Passerini de haber priorizado el nombramiento de funcionarios políticos, en detrimento de los empleados de base. König destacó que "mientras precarizan a miles de trabajadores, el municipio gasta en alquilar oficinas de lujo para nuevos cargos".
Por su parte, las autoridades municipales niegan estas acusaciones y aseguran que la reestructuración es indispensable para cumplir con los lineamientos fiscales establecidos.
El conflicto laboral escaló rápidamente. Este martes, SUOEM retomó asambleas en las distintas reparticiones municipales, lo que comenzó a ralentizar varios servicios públicos esenciales. Las movilizaciones, que tuvieron su epicentro en el Palacio Municipal, prometen intensificarse en los próximos días si no hay respuestas concretas por parte del Ejecutivo.
La demanda principal del sindicato es clara: la reincorporación de los trabajadores desvinculados y el cumplimiento de los acuerdos firmados en relación con los ascensos automáticos y la carrera administrativa.
Con las protestas en marcha y el diálogo prácticamente estancado, el panorama laboral en la Municipalidad de Córdoba sigue siendo incierto. El sindicato anticipa que las medidas de fuerza continuarán escalando si no hay soluciones inmediatas.
Por otro lado, el conflicto abre interrogantes sobre cómo impactará esta decisión en los servicios municipales y en el cumplimiento del tan buscado equilibrio fiscal. Mientras tanto, los afectados, que representan entre 800 y 1.000 familias, siguen esperando una resolución que, por ahora, parece lejana.
Esta situación plantea un desafío no solo para la gestión de Passerini, sino también para la estabilidad laboral de miles de trabajadores que ven en riesgo su sustento diario.
