¿Te imaginás que en pleno siglo XXI existan lugares donde el poder se maneja como en tiempos de caudillos, con control absoluto y sin reglas claras? Eso es justo lo que revela el informe “Argentina Feudal”, que analiza cómo ciertos gobernadores provinciales del norte argentino están armando un sistema que amenaza la democracia y el Estado de derecho. Pero, ¿cómo es posible que esto pase hoy, en la Argentina de 2025? La respuesta está en cuatro provincias que concentran un poder casi absoluto: Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

El estudio, presentado en Buenos Aires, fue elaborado por el periodista Douglas Farah, un especialista internacional en seguridad y defensa. Farah describe este fenómeno como un modelo feudal moderno, donde los gobernadores actúan como señores de un territorio, manejando la policía, la justicia, la economía y hasta los medios de comunicación. Esto genera un contexto ideal para que el crimen organizado crezca y que la pobreza y la falta de institucionalidad se perpetúen.

En Formosa, por ejemplo, el gobernador Gildo Insfrán lleva en el poder desde 1995, con un control casi total sobre la provincia. Más del 90% del presupuesto depende del gobierno nacional, y la mayoría de la población empleada trabaja para el Estado, lo que facilita la cooptación social y política. Además, la frontera con Paraguay es muy porosa, lo que permite que rutas del narcotráfico y el contrabando circulen sin obstáculos.

En Chaco, el informe señala la influencia de Jorge Capitanich y cómo su gobierno ha estado relacionado con estructuras clientelares y vínculos con el crimen. El asesinato de Cecilia Strzyzowski en 2023 fue un caso emblemático que mostró la conexión entre el poder político y las actividades ilícitas.

Santiago del Estero está gobernada desde hace años por una familia que alterna el poder entre Ejecutivo y Senado, con fuertes denuncias de persecución política y apropiación violenta de tierras rurales. Esta provincia también es un paso clave en las rutas del narcotráfico.

Catamarca, aunque menos consolidada en este modelo, presenta serios signos de captura institucional, con control estatal sobre el empleo y corrupción en la explotación de recursos como el litio, un mineral estratégico en la región.

Douglas Farah advierte que este fenómeno no se puede entender con viejos modelos, porque ahora el crimen organizado es global, sofisticado y busca impunidad absoluta. En estas provincias, el Estado de derecho está casi ausente y el crimen llena el vacío. Si no se actúa rápido, la democracia argentina corre riesgo en estos territorios.

Este informe no solo es un llamado de atención para Argentina, sino para toda la región, porque estos “caudillos feudales” no solo afectan la política local, sino que también permiten la expansión de redes criminales internacionales.

Queda claro que para cambiar esta realidad, la sociedad y los gobiernos deben entender que la batalla no es solo contra un grupo político o una provincia, sino contra un sistema que pone en jaque la democracia. ¿Se podrá recuperar el control del Estado y fortalecer las instituciones? Esa es la pregunta que sigue abierta, y que va a definir el futuro del norte argentino y del país entero.