Hasta hace una semana, Leila Gianni era la subsecretaria Legal de Capital Humano, el mega ministerio dirigido por Sandra Pettovello. Junto a Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, decidieron renunciar “para hacer política” en el partido bonaerense de La Matanza, a pedido del presidente Javier Milei. Esta decisión plantea serias dudas sobre la ética en el servicio público, ya que ambos exfuncionarios abren la puerta a una dinámica donde las luchas políticas pueden anteponerse a las responsabilidades gubernamentales.

Gianni y Romano, quienes encabezaron una cruzada contra la corrupción kirchnerista, llevan a la justicia 30 denuncias que, según sus afirmaciones, evidencian un “plan sistemático” diseñado para oprimir al pueblo argentino más vulnerable. Este tipo de discursos no solo resuenan en el contexto actual, sino que reflejan una estrategia política clara: combatir a los que ellos denominan “militantes del hambre”, acusando a figuras como Juan Grabois y Emilio Pérsico de perpetuar un estado de pobreza que les permite. mantener el control sobre sectores vulnerables.

La denominación de “militantes del hambre” es particularmente reveladora. Gianni se refiere a estos líderes como los responsables de un sistema que se alimenta de la pobreza. Este enfoque sugiere que la lucha por los derechos de los pobres está en manos de aquellos que, supuestamente, solo buscan perpetuar su dominación. Sin embargo, esta perspectiva puede simplificar una problemática compleja que involucra no solo intereses políticos, sino también una serie de factores socioeconómicos que merecen un análisis más profundo.

En su relación, Gianni y Romano expresan frustración hacia la justicia, que según ellos, parece moverse a dos velocidades. Mientras algunos jueces actúan con diligencia en causas relacionadas con la izquierda, otros muestran reticencias al avanzar contra figuras vinculadas al peronismo. Esta disparidad es un reflejo de una estructura judicial que, en lugar de operar de manera imparcial, se ve influenciada por las corrientes políticas predominantes. Es crucial que se garantice la independencia de la justicia para que pueda actuar sin temor ni favoritismos, de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de impunidad.

La decisión de Gianni y Romano de renunciar y “meterse en el barro” para luchar contra lo que consideran un sistema corrupto refleja un intento de revitalizar la política en La Matanza. Sin embargo, es esencial preguntarse: ¿realmente este enfoque territorial y combativo es la solución? Mientras ambos exfuncionarios plantean una narrativa de confrontación, la población necesita respuestas y acciones concretas que aborden las causas de la pobreza y no solo sus síntomas.