El sistema de Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires está en el centro de una investigación judicial que revela una trama de corrupción que mezcla política, negocios y beneficios ilegales. Todo empezó a salir a la luz tras la salida de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense, ahora formalmente imputado por delitos graves.
Y eso no es todo: hay más nombres y maniobras bajo la lupa, y la causa recién arranca.
Según la investigación del fiscal Álvaro Garganta, funcionarios, jueces y empresarios armaron un sistema para sacar ventajas personales a costa del Estado y los ciudadanos.
Uno de los mecanismos más escandalosos era el de las multas de tránsito. Gestores ofrecían descuentos del 50% a infractores, algo que solo se podía hacer si había complicidad interna. En la maniobra participaban jueces de faltas, como Mario Quattrocchi, acusado de tener vínculos con negocios en España junto a la concejal Claudia Pombo, también imputada.
Todo esto se hacía “en connivencia con terceros ajenos al organismo”, según el documento judicial.
El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) también está comprometido. Las empresas que ganaban licitaciones, según la fiscalía, debían contratar sí o sí a una firma llamada Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., vinculada a gente del Ministerio.
Esta empresa cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada turno de VTV, sin justificación técnica ni legal.
Otra parte de la causa apunta contra CECAITRA, una asociación que opera 155 radares de velocidad en municipios como Tigre, La Matanza y Campana. El problema: no había ningún acto administrativo que autorizara su contratación, lo que vuelve ilegales tanto la instalación de los equipos como los cobros asociados.
El fiscal Garganta ordenó allanamientos en la sede de CECAITRA y en la casa de su presidente, Bernardino García, donde se secuestraron elementos clave como un teléfono celular que será peritado.
Además de la causa provincial, Jorge D’Onofrio también está investigado por el juez federal Adrián González Charvay, por presunto lavado de dinero.
Se realizaron allanamientos en una financiera del Microcentro porteño, donde encontraron más de 60 millones de pesos, USD 254.000, euros y reales. También detectaron empresas pantalla y vínculos con el sistema de telepeaje, lo que sugiere una red para ocultar fondos y bienes.
El juez Charvay ya ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de todos los implicados, y avanza para reconstruir el patrimonio del exministro.
