La justicia avanza sobre posibles irregularidades en la adjudicación de terrenos fiscales en el Barrio El Faro, en Río Gallegos. El Ejecutivo Provincial presentó nuevas denuncias penales, apuntando contra exfuncionarios que habrían beneficiado a personas sin cumplir los requisitos administrativos.
El foco de la investigación está en la gestión de Pablo Grasso y María Grasso, quienes dirigieron el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en distintos periodos. Según la denuncia, durante sus administraciones se habría adjudicado tierras sin los controles legales correspondientes, generando un posible perjuicio patrimonial al Estado.
El comunicado oficial detalla que se radicaron dos nuevas denuncias por presunta administración fraudulenta. La acusación se fundamenta en los artículos 248 y 174, inciso 5° del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público y la mala administración de bienes estatales.
Las nuevas pruebas incorporadas a la causa señalan que:
Se entregaron lotes a personas que no cumplían con los requisitos administrativos.
No se aplicaron los controles legales en el proceso de adjudicación.
Las tierras se asignaron en plena campaña electoral de Pablo Grasso, lo que podría indicar un uso político de los recursos públicos.
Ante la gravedad de las denuncias, la nueva gestión del IDUV inició una auditoría integral para revisar las adjudicaciones de los últimos años. El objetivo es transparentar el manejo del suelo urbano y garantizar que la asignación de terrenos se haga de manera equitativa y conforme a la normativa vigente.
La investigación sigue su curso y podría derivar en nuevas imputaciones. La pregunta que sigue en el aire es: ¿cómo impactaron estas maniobras en el patrimonio estatal de Río Gallegos?
