¿Sabías que la adjudicación de terrenos en Río Gallegos está siendo cuestionada por posibles irregularidades? Un reciente escándalo sacudió a la ciudad, y los protagonistas son nombres conocidos: Pablo Grasso, actual intendente de la localidad, y su hermana María Grasso. La denuncia fue presentada por Cristian Mansilla, presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), quien acusa a los Grasso de administración fraudulenta.
Cristian Mansilla hizo una grave acusación contra el actual gobierno de Río Gallegos, señalando que durante la gestión de Pablo Grasso al frente del IDUV, entre 2015 y 2023, se habrían cometido actos ilegales en la entrega de terrenos. El presidente del IDUV sostiene que se adjudicaron lotes en la costanera local de manera irregular, favoreciendo a personas con vínculos políticos cercanos al entorno de los Grasso.
Según la denuncia, los terrenos fueron otorgados a personas que no cumplían con los requisitos legales para acceder a ellos, lo que violaría las normativas establecidas. Mansilla también afirma que la administración de Pablo Grasso no tenía facultades para disponer de estos bienes, citando la Ley 1179, que regula las atribuciones del IDUV.
La denuncia de Cristian Mansilla señala que los lotes fueron entregados principalmente a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner y a personas cercanas a Pablo Grasso. Mansilla subraya que estos favorecimientos habrían dejado fuera de la posibilidad de acceder a terrenos a aquellos ciudadanos que sí cumplían con los requisitos legales y que llevaban años esperando una oportunidad.
La denuncia fue formalizada el 29 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción N°2 mediante el sistema SIPED. Ahora será la Justicia la encargada de investigar si efectivamente existieron irregularidades en el proceso y determinar si corresponde tomar acciones penales contra los involucrados.
Si la denuncia de Cristian Mansilla resulta ser cierta, las implicancias podrían ser graves para Pablo Grasso, María Grasso y los responsables del IDUV en ese período. La entrega irregular de terrenos podría ser considerada un acto de administración fraudulenta, con las consecuencias legales que esto implicaría. Además, de confirmarse la acusación, podría haber un gran impacto en la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades locales.
Ahora, todo está en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo irregularidades en la adjudicación de terrenos en Río Gallegos. Mientras tanto, los vecinos siguen atentos a la resolución de este escándalo, que pone en duda la transparencia de la gestión pública en la ciudad.
Este caso es solo un ejemplo de cómo el manejo de bienes del Estado puede generar controversias, y es fundamental que las autoridades actúen con transparencia para evitar situaciones de corrupción.
