Juan Carlos Elguero, empresario de la estiba en Mar del Plata, dueño de la empresa Pequeña Marina, murió hace más de cinco años. Antes ya se había desatado una batalla intrafamiliar por sus bienes en la que su hija Lorena denunció ser damnificada.

“Antes que muera mi padre ya no me dejan verlo ni hablar con él. Mi hermana Roxana Elguero toma el control de todo de manera intempestiva, ayudada por Gabriel Duarte, quien me despoja de mi casa y rompe mi camioneta con un palo para amedrentarme. Los abogados Walter y Víctor Brond fraguan libros contables y registros societarios en Personas Jurídicas en La Plata para darle legalidad a maniobras fraudulentas y quitarme mis derechos hereditarios”, sostiene la denunciante, Lorena Elguero.

Representada por el letrado Luis Tagliapietra, el escrito involucra además a otros familiares, otros abogados, escribanos, funcionarios de Personas Jurídicas y hasta al extitular del Consorcio, Gabriel Felizia, por la comisión de, al menos, los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, intimidación pública, falsas denuncias, estafas procesales, amenazas de muerte reiteradas, coacción agravada por haberla despojado de su hogar de residencia, estafas reiteradas, falsedad ideológica, falsificación de documento público, todo ello agravado por la intervención al menos necesaria de funcionarios públicos.

Según consta en los escritos presentados en la justicia, a Roxana se la acusa de conformar una SAS, sociedad anónima simplificada fantasma para vaciar “Pequeña Marina” y desviar los ingresos. Tampoco pagaron a “Corporación Juramento”, otra sociedad del grupo cuya titular era Lorena Elguero, por el uso de los autoelevadores, herramientas indispensables para las tareas que prestaban en los muelles del puerto local.

Tagliapietra revaluó y reinterpretó todos los hechos y elevó esta nueva denuncia penal que investiga Santiago Eyherabide, titular de la Fiscalía Federal 2, el mismo de la causa por el supuesto pago de coimas en el proceso de recuotificación de merluza hubbsi.

“Además usurparon una planta de reproceso de pescado, que pertenece a ‘Corporación Juramento’, más una casa contigua y cuando fui a recuperarla terminé yo denunciada como usurpadora, detenida por la policía y alojada en la Unidad Penal en Batán durante un fin de semana hasta que recuperé la libertad”.

El hecho que resume Elguero ocurrió el 11 de abril pasado. El predio se encuentra usurpado desde el 6 de noviembre de 2019. “Hice responsables a María Cristina Lalli, Beatriz Lissi, Antonia Ponce, al abogado Lautaro Resúa y Luis Maciel, un violento que trabajaba para los usurpadores y quien además realizó disparos con un arma de fuego y nos amenazó de muerte. Hasta ahora la justicia no ha hecho nada”, indicó la damnificada.

En plena investigación de los hechos, Tagliapietra descubrió que la muerte del propio Juan Carlos Elguero no está alejada de las sospechas. “Hay incompatibilidades entre la historia clínica y el certificado de defunción”, aclaró el letrado.

En los últimos años, Lorena Elguero denunció las distintas estafas a las que fue sometida, y quedaron registradas en la UFI 9, UFI 10 y UFI 12. Si bien ninguna fue archivada por falta de pruebas, tampoco avanzaron; en el camino, confesó ser estafada por distintos abogados que la representaron.

“Se repiten personas y conductas que tuvieron como único objetivo desapoderar a mi tutelada de sus derechos y bienes. Confiamos en las pruebas que presentamos y en el accionar de la justicia”, resumió el abogado de Lorena Elguero.