¿Quiénes están detrás de los perfiles falsos que ves en redes sociales? Ahora, podría ser un agente encubierto. El Gobierno de Javier Milei lanzó un nuevo protocolo que regula cómo operan los agentes digitales infiltrados en investigaciones judiciales. Te contamos qué dice la Resolución 828/2025, publicada en el Boletín Oficial, y por qué esto cambia las reglas del juego en la lucha contra el ciberdelito.
Desde ahora, los policías federales podrán usar identidades ficticias para meterse en chats, grupos cerrados y plataformas digitales, si así lo ordena un juez. Este protocolo fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de detectar delitos complejos como narcotráfico, terrorismo, grooming y trata de personas, entre otros.
Hasta ahora, la ley sólo hablaba de agentes encubiertos que actuaban en la vida real. Pero faltaban reglas claras para los que se infiltran en internet. Con esta resolución, se crea un marco legal que permite:
Usar avatares, es decir, identidades digitales ficticias.
Tener un registro oficial de avatares que controla el Ministerio de Seguridad.
Emitir documentación falsa (digital o física) respaldada por Renaper, si hiciera falta.
Mantener bajo reserva la identidad del agente infiltrado.
El protocolo también exige que cada infiltración esté autorizada por un juez. El proceso empieza con un pedido judicial, y luego interviene una unidad especial que elige al agente y define su “personaje digital”.
El protocolo es claro: está prohibido revelar la identidad del agente encubierto. Cualquier funcionario que lo haga podría enfrentar sanciones y hasta responsabilidades penales.
Además, una vez que termina la misión, la identidad ficticia debe ser eliminada de todas las bases de datos. Solo se puede conservar si hay riesgo para el agente o si continúa una nueva investigación.
Este protocolo se suma a una serie de medidas que Bullrich ya venía impulsando para modernizar la seguridad. En 2024, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, y con la Resolución 428/2024 se autorizó el ciberpatrullaje sin orden judicial para ciertos delitos.
Más tarde, con el Decreto 383/2025, se reformó el Estatuto de la Policía Federal para permitir que se actúe en “espacios públicos digitales” si hay indicios objetivos de un delito. Esto habilita detener personas por hasta 10 horas para identificar su identidad, aunque sin intervención judicial previa.
La implementación de este nuevo protocolo viene acompañada por la creación de un Consejo Académico Asesor que integran jueces, fiscales y altos mandos. Lo preside el juez Ricardo Basílico y su función será formar a los agentes encubiertos digitales y mejorar las investigaciones judiciales.
Con esta medida, el Gobierno busca profesionalizar el uso de identidades ficticias en el mundo digital, y dejar claro cuándo y cómo pueden usarse. La intención es que las fuerzas federales estén “a la altura de estándares internacionales como los del FBI”, según explicaron desde el Ministerio.
