Lo que parecía un laboratorio confiable se convirtió en un escenario de tragedia: ¿cómo pudo un conglomerado farmacéutico producir y distribuir un lote de fentanilo que terminó con 124 muertes? La respuesta apunta directamente a Ariel García Furfaro, al frente de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y un plan de encubrimiento que ahora investiga la justicia.
La instrucción judicial reveló detalles escalofriantes: reuniones privadas donde García Furfaro y otros directivos ordenaban destruir ampollas, manipular registros y falsificar documentos para ocultar la contaminación. El juez Kreplak indicó que también se presionó a empleados, se eliminaron archivos digitales y se destruyeron pruebas físicas con autoclaves.
Diciembre 2024: se produce el lote de fentanilo adulterado.
Enero 2025: el producto llega al mercado.
Abril 2025: primeras muertes en hospitales de La Plata.
Mayo 2025: la ANMAT interviene y el escándalo se hace público.
Junio 2025: se procesan Ariel García Furfaro, su familia y directivos, con embargos millonarios y prisión preventiva.
El juez también destacó que Laboratorios Ramallo violó sistemáticamente las Buenas Prácticas de Fabricación y que ya había recibido alertas previas por problemas similares.
El apellido Furfaro no es desconocido en la política argentina. Durante la pandemia, Ariel García Furfaro y su entorno tuvieron contactos con funcionarios kirchneristas intentando ser intermediarios en la importación de la vacuna rusa Sputnik V.
Ese vínculo permitió al conglomerado posicionarse como proveedor estratégico del Estado, acceder a licitaciones y habilitaciones rápidas, y operar con una red de protección política que, según la justicia, facilitó la expansión de Laboratorios Ramallo pese a las advertencias de la ANMAT.
Hoy, con el Caso fentanilo, esos nexos vuelven a estar bajo la lupa. La investigación busca comprender cómo la política y los negocios se entrelazaron en un contexto donde la vida de pacientes quedó en juego.
Además de Ariel García Furfaro, están procesados:
Nélida Furfaro (madre, prisión domiciliaria)
Diego Furfaro (hermano, detenido)
Más de diez directivos, entre ellos Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano
La imputación principal es por adulteración de sustancias medicinales que derivó en muertes, con penas de 10 a 25 años de prisión. El caso sigue abierto y los detalles que surgen de la investigación podrían ampliar la lista de responsables y conexiones que explican cómo se permitió que ocurriera esta tragedia.
