El uso de celulares en las cárceles bonaerenses es un tema polémico. Según datos oficiales, el 73% de los internos posee uno. Aunque se implementaron restricciones, el control sobre su uso es casi inexistente, lo que facilita la comisión de delitos graves.
Desde 2020, un fallo judicial habilitó estos dispositivos argumentando derechos de comunicación. Sin embargo, el acceso no se ha limitado, a pesar del fin de la emergencia sanitaria. Actualmente, se registran más de 42.800 teléfonos funcionando en las 56 prisiones provinciales.
Recientes operativos en cárceles bonaerenses desmantelaron redes de pedofilia. En el penal de Florencio Varela, diez reclusos distribuían contenido de abuso sexual infantil. Uno de los implicados, condenado a 50 años, usaba su celular para comercializar material.
A esto se suman delitos como estafas virtuales y secuestros extorsivos. Investigadores advierten que estas prácticas aumentan y su origen es, muchas veces, desde las penitenciarías. El uso de celulares potencia estos crímenes y plantea serias preocupaciones.
Aunque el Servicio Penitenciario Bonaerense reporta más de 5.600 celulares decomisados en dos años, los controles son limitados. Las sanciones disciplinarias no frenan el tráfico delictivo ni el acceso indebido a redes sociales, pese a las normativas.
El gobierno provincial defiende el uso de celulares como herramienta para "mantener el orden". Sin embargo, los fiscales insisten en la necesidad de adoptar protocolos más estrictos, como los implementados en cárceles federales.
La discusión sobre el uso de celulares en prisión enfrenta un delicado equilibrio entre derechos y seguridad. Sin controles efectivos, estos dispositivos seguirán siendo una herramienta para el crimen desde el encierro.
