¿Te imaginás entrar al portal de tu universidad y encontrarte con propaganda política en vez de tu información académica? Esto fue lo que pasó recientemente en la UBA, y desató una denuncia del Ministerio de Capital Humano que está dando que hablar.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, liderada por el "Profe" Alejandro Álvarez, presentó una denuncia formal contra las autoridades de la UBA por bloquear web y desviar a los usuarios hacia contenidos de carácter político. La medida habría afectado a estudiantes y a la comunidad, impidiendo acceder a información esencial sobre cursos, trámites y administración.

El Ministerio señaló que esta situación representa un uso indebido de los canales oficiales de comunicación y una violación a la obligación de garantizar el normal funcionamiento institucional. La preocupación principal es que los recursos digitales de la universidad se usaron para fines que exceden la función educativa, rompiendo la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas.

En concreto, quienes intentaban ingresar al portal institucional encontraron un subdominio con contenidos relacionados con Milei, lo que generó alarma entre estudiantes y docentes. Por eso, el Ministerio exige el cese inmediato de la maniobra y solicitó que se investigue quién ordenó la creación de ese subdominio. La investigación buscará determinar responsabilidades administrativas y legales de los involucrados.

El compromiso de la cartera es claro: las universidades nacionales deben garantizar igualdad de acceso a la información y mantener transparencia en el uso de recursos públicos. Cualquier acción que afecte el acceso a la educación, aunque sea digital, está fuera de la normativa vigente.

Además, el Ministerio recordó que respeta plenamente el derecho a la protesta y al debate político, siempre que no interfiera con los servicios educativos ni con el funcionamiento regular de las casas de estudio. Por eso, la denuncia busca proteger a los estudiantes y reforzar la transparencia institucional en toda la universidad.

Esta situación abrió un debate sobre el uso de plataformas digitales en las universidades y plantea preguntas sobre cómo se debe gestionar la información oficial frente a intereses políticos. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para otras instituciones educativas del país.

Mientras la investigación sigue su curso, los estudiantes y la comunidad universitaria esperan poder acceder pronto a su portal sin interrupciones ni contenidos ajenos a la función académica de la UBA.