La Cámara de Diputados aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil y dio media sanción al proyecto que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación arrojó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, consolidando un amplio respaldo parlamentario a una reforma que el oficialismo considera estructural para el sistema de seguridad y justicia en la Argentina, con fuerte impacto en la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y contó con el apoyo explícito de figuras como Patricia Bullrich. El oficialismo logró articular una mayoría junto al PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El peronismo votó en contra de forma unificada.
El proyecto no se limita a la baja de la edad de imputabilidad. Introduce un nuevo marco penal específico para menores que cometen delitos graves y establece reglas claras donde, hasta ahora, el sistema mostraba vacíos normativos.
Entre los puntos centrales se destaca la pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para infracciones con penas menores a 10 años, el régimen prioriza sanciones alternativas y medidas socioeducativas.
Edad de imputabilidad: baja de 16 a 14 años.
Pena máxima: hasta 15 años para delitos graves.
Medidas alternativas: amonestaciones, servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico.
Víctimas: reconocimiento expreso de derechos dentro del proceso.
Estas herramientas buscan dar respuesta a hechos que, según el oficialismo, hoy terminan en impunidad o en un “limbo jurídico” que perjudica tanto a las víctimas como a la sociedad.
Uno de los ejes más destacados del texto es la creación de institutos especializados para menores condenados, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamiento de adicciones. El proyecto prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad y establece la capacitación obligatoria del personal.
Además, habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con consentimiento de la víctima y participación de las partes. El enfoque combina sanción penal con herramientas de reinserción, en contraste con el régimen vigente desde 1980, ampliamente cuestionado por especialistas.
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que el sistema actual “no previene, no resocializa y facilita la captación de jóvenes por organizaciones criminales”. Desde el oficialismo remarcaron que la reforma apunta a terminar con la impunidad en delitos graves y a dar una respuesta concreta a las víctimas, entre ellas la familia de Jeremías Monzón, presente en el recinto.
En la vereda opuesta, dirigentes como Juan Grabois cuestionaron la baja de la edad de imputabilidad y rechazaron el endurecimiento del régimen penal juvenil, en un clima de fuerte tensión política que también se trasladó a las calles.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado. El oficialismo buscará convertir en ley una reforma que considera central para enfrentar el delito juvenil, especialmente en distritos con altos niveles de violencia como el Conurbano bonaerense.
El debate volvió a exponer dos miradas antagónicas: una enfocada en garantizar respuestas penales y protección a las víctimas, y otra centrada en priorizar la situación de quienes delinquen. La definición final quedará en manos de la Cámara alta.
