La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la media sanción del Régimen Penal Juvenil, una de las reformas más sensibles del paquete de seguridad que impulsa el gobierno nacional. La norma establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y busca modificar de raíz un sistema que, según el oficialismo, dejó desprotegidas durante décadas a las víctimas del delito.
El proyecto fue defendido en el recinto por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, quien sostuvo que la reforma viene a “saldar una deuda histórica con la sociedad civil trabajadora y honesta”. En su exposición, el legislador cordobés remarcó que el Estado “miró para otro lado frente al delito violento” y que el nuevo paradigma se resume en un principio claro: “Delito de adulto, pena de adulto”.
Desde el oficialismo subrayan que la iniciativa marca un punto de inflexión en la política criminal argentina, al dejar atrás lo que califican como una lógica garantista que priorizó al victimario por sobre quienes sufren las consecuencias del delito. En ese marco, la baja de la edad de imputabilidad aparece como una respuesta concreta a un reclamo social que atraviesa a todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires y el Conurbano.
Durante el debate parlamentario, Bornoroni fue explícito al señalar que “durante mucho tiempo el Estado parecía más preocupado por proteger a los delincuentes que por acompañar a las víctimas”. La reforma, según explicó, busca ordenar el sistema penal juvenil bajo criterios de responsabilidad y proporcionalidad, sin atajos ni zonas grises.
El proyecto incorpora además mecanismos de asistencia legal y contención para las víctimas, un punto que el oficialismo destaca como central. La inseguridad deja de ser tratada como una estadística para ser abordada como un problema humano que impacta de lleno en la vida cotidiana, el patrimonio y la libertad de millones de argentinos.
En línea con el discurso del presidente Milei, Bornoroni insistió en que “el que las hace, las paga” debe ser el nuevo estándar. Para la administración libertaria, no hay libertad posible sin orden público ni respeto irrestricto por la ley.
Baja la edad de imputabilidad a 14 años.
Coloca a las víctimas en el centro del sistema, con asistencia legal y contención.
Busca terminar con la impunidad en delitos graves cometidos por menores.
Reformula el rol del Estado, que asume la obligación de garantizar justicia efectiva.
El debate dejó expuestas las diferencias políticas de fondo. Mientras el oficialismo habló de sentido común y protección de la vida y la propiedad privada, los bloques de izquierda y sectores opositores rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre sus consecuencias. Desde La Libertad Avanza respondieron que la baja de edad era un reclamo urgente de la sociedad productiva y que postergar la discusión solo profundiza la crisis de seguridad.
Con la media sanción aprobada, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado para convertirse en ley y entrar en vigencia en todo el territorio nacional. En el Gobierno confían en avanzar sin dilaciones, al considerar que la seguridad jurídica y física es una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo económico.
La gestión de Javier Milei busca así desmantelar lo que define como una impunidad estructural heredada, enviando una señal política clara: el Estado vuelve a pararse del lado de los ciudadanos de bien y de las víctimas del delito.
