En un contexto político atravesado por tensiones crecientes, la Justicia de Tucumán resolvió otorgar prisión domiciliaria a Marcelo “Pichón” Segura, acusado de agredir violentamente al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli.
La medida fue adoptada tras una audiencia oral, donde el juez interviniente hizo lugar al pedido de la defensa. El argumento central: informes médicos que acreditan que el imputado padece hipertensión y diabetes, condiciones que —según se evaluó— justifican morigerar la prisión preventiva.
El beneficio implica que Segura continuará detenido en su domicilio, bajo monitoreo electrónico, control judicial y vigilancia policial hasta la colocación de la tobillera.
La fiscalía no se opuso al pedido, pero la querella lo rechazó de forma contundente.
El hecho ocurrió el 11 de marzo en la localidad de La Madrid, al sur tucumano. En ese momento, el diputado Pelli participaba de una actividad solidaria para asistir a familias afectadas por inundaciones tras el desborde de los ríos Marapa y San Francisco.
Según la acusación, cuando intentaban avanzar por la ruta 157, el grupo fue interceptado por manifestantes encabezados por Segura.
El episodio escaló rápidamente:
Las consecuencias fueron graves: fractura nasal, hemorragia y traumatismo encefalocraneano, lo que derivó en atención médica urgente y una intervención quirúrgica posterior.
La causa fue caratulada como lesiones graves agravadas por alevosía, una figura penal que implica mayor gravedad por la intencionalidad del ataque.
En una instancia anterior, la Justicia había ordenado la prisión preventiva y el traslado de Segura al penal de Benjamín Paz, bajo el argumento de riesgos procesales.
El fiscal Miguel Varela había señalado entonces:
Sin embargo, en esta nueva etapa, el Ministerio Público Fiscal no objetó el pedido de la defensa.
La querella, encabezada por el abogado Juan Colombres Garmendia, cuestionó la decisión judicial y advirtió que la gravedad del hecho no fue considerada en su dimensión completa.
Desde esa postura, remarcaron que la violencia contra un diputado nacional afecta directamente a la institucionalidad democrática.
El caso sigue en etapa de investigación y aún resta determinar:
Mientras tanto, el fallo vuelve a instalar un debate incómodo: cómo responde la Justicia frente a hechos de violencia política en la Argentina actual.
