El gobierno nacional avanza en la venta de inmuebles públicos para optimizar el gasto y afrontar la crisis fiscal

Con el Decreto 950/2024, el presidente Javier Milei y la AABE buscan reducir el gasto público y generar fondos mediante la venta de más de 300 propiedades estatales sin uso estratégico.

29-10-2024 - Por Crítica Argentina

El gobierno nacional avanza en la venta de inmuebles públicos para optimizar el gasto y afrontar la crisis fiscal

El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha publicado el Decreto 950/2024, que establece la venta de inmuebles del Estado Nacional que no cumplen funciones específicas. Con esta medida, el Ejecutivo nacional se propone desprenderse de más de 300 inmuebles, buscando mejorar la eficiencia en la administración pública y generar recursos para hacer frente a las necesidades fiscales de la gestión.

Según declaraciones del Ejecutivo, el decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el titular de la AABE, Guillermo Francos, responde a la necesidad de reducir costos operativos del Estado. La venta de inmuebles sin un uso concreto permitirá liberar recursos actualmente destinados a su mantenimiento, los cuales podrán ser redirigidos a sectores prioritarios.

La AABE, entidad responsable de la administración de bienes del Estado, estará a carga de llevar adelante la venta de los inmuebles que ya han sido autorizados en normativas previas. Además, el organismo se encargará de realizar los estudios técnicos y regularizar la situación de estas propiedades, garantizando que el proceso de venta sea transparente y ordenado.

El Decreto 950/2024 excluye de esta venta los inmuebles estratégicos, como aquellos de uso militar en las provincias de Córdoba, Corrientes y Mendoza, así como bienes ubicados en el extranjero o con compromisos legales que los revierten al Estado Nacional.

Desde el Gobierno destacan que el mantenimiento de inmuebles sin función específica representa un gasto innecesario. Con la venta de estos bienes, se busca evitar el deterioro de propiedades que carecen de un propósito en la gestión pública, optimizando así los recursos del Estado y liberando fondos en medio de una compleja situación económica.