¿Qué está pasando con el dinero que pagamos los montevideanos en impuestos? En los últimos meses, la Intendencia de Montevideo (IMM) ha sido el centro de críticas por el creciente gasto en horas extras, un tema que genera preguntas entre los ciudadanos y la oposición. ¿Es una práctica necesaria o un despilfarro de recursos públicos?
En 2023, la IMM destinó alrededor de US$10 millones a más de 826.000 horas extras, lo que ha levantado una ola de indignación. Esto representa un gasto significativo dentro del presupuesto municipal, un monto que podría haberse invertido en servicios más esenciales como la infraestructura y el transporte. De hecho, las horas extras no solo se han mantenido, sino que han aumentado con el tiempo, con un incremento de casi 100.000 horas en 2023 respecto al año anterior.
Este aumento en el gasto no ha acompañado un aumento proporcional en la calidad de los servicios que brinda la Intendencia de Montevideo. En lugar de revisar y mejorar los procesos de gestión interna, parece que la IMM ha optado por una solución rápida y costosa: las horas extras. Este patrón refleja una falta de eficiencia en la administración y una dependencia de recursos adicionales en lugar de una optimización del personal.
Uno de los principales críticos de este gasto es Martín Lema, candidato a Intendente Municipal por la Coalición Republicana. Según Lema, entre 2020 y 2024, la IMM pagó más de 3.4 millones de horas extras, con un costo acumulado superior a los US$35 millones. Estas cifras son difíciles de justificar, especialmente cuando se ha identificado la aprobación de jornadas laborales de hasta 17 horas diarias y irregularidades en el cumplimiento de los topes establecidos por el Digesto Municipal.
La situación se agrava cuando se considera que algunas horas extras fueron aprobadas para actividades que estaban suspendidas, como en el caso del Casino Municipal durante la pandemia. A pesar de que el establecimiento estaba cerrado, se pagaron más de 500 horas extras. Este tipo de prácticas, lejos de ser aisladas, parecen formar parte de un modelo de gestión que permite y promueve el despilfarro.
La Intendencia de Montevideo recauda anualmente aproximadamente US$808 millones, de los cuales casi la mitad se destina a salarios y otros gastos relacionados con los funcionarios. Esto deja solo un 13% para inversiones en áreas esenciales como la limpieza y la movilidad. En lugar de optimizar los recursos existentes, la IMM prefiere recurrir a las horas extras, lo que representa una solución a corto plazo pero perjudicial a largo plazo para la ciudad.
Los montevideanos tienen derecho a saber cómo se gestionan sus impuestos. La falta de control y la ineficiencia en la administración pública no solo afectan el presupuesto, sino que también socavan la confianza en las instituciones. Si la IMM no comienza a revisar sus políticas de gestión de recursos, el despilfarro continuará, afectando el bienestar de los ciudadanos.
En definitiva, las horas extras en la Intendencia de Montevideo son solo la punta del iceberg de un problema estructural más profundo. Es hora de que las autoridades municipales asuman la responsabilidad y actúen en consecuencia, buscando soluciones sostenibles para mejorar la calidad de vida de los montevideanos.
