¿Qué pasa cuando una tragedia con medicamentos contaminados choca contra la política y no se permite investigar? Esa pregunta quedó en el aire después de que en la sesión del 7 de agosto, el kirchnerismo junto a parte del peronismo impidieran crear una comisión en Diputados para esclarecer el caso del fentanilo contaminado que ya causó al menos 76 muertes.

La propuesta para investigar, presentada por la diputada del PRO Silvana Giudici, buscaba desentrañar las causas de esta tragedia y los posibles vínculos políticos y empresariales que permitieron que el medicamento adulterado llegara a hospitales públicos y privados. Sin embargo, el bloque oficialista evitó la formación de esta comisión, dejando la investigación estancada.

Cuando Giudici pidió votar la creación del comité, los legisladores del kirchnerismo se retiraron y dejaron sin quórum la sesión. “Que quede claro que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, dijo la diputada, poniendo el foco en la negativa del oficialismo a acompañar la propuesta. El presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó que con solo 56 diputados presentes no había quórum.

El caso apunta directamente a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, empresas que hasta mayo de 2025 tenían contratos millonarios con municipios bonaerenses y obras sociales sindicales. Fue la ANMAT quien prohibió su producción tras detectar contaminación bacteriana en un lote de citrato de fentanilo.

La tragedia se hizo pública el 15 de abril en el Hospital Italiano de La Plata, donde 15 de 18 pacientes tratados con ese medicamento adulterado murieron. Poco después, la ANMAT prohibió la circulación de ese lote y extendió la medida a toda la producción de estas empresas.

Pero la causa no se queda solo en la contaminación. La Justicia, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, investiga irregularidades que van desde la quema sospechosa de fentanilo vencido hasta denuncias por evasión fiscal y maniobras ilegales con maquinaria importada de China. Además, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, detectó que la habilitación municipal para operar con precursores químicos era falsa.

Para complicar más el panorama, García Furfaro formó parte en 2021 de una comitiva oficial para negociar la vacuna Sputnik V, un dato que alimenta las sospechas de conexiones políticas que podrían haber favorecido a sus empresas.

La comisión que se quiso crear en Diputados tenía el objetivo de pedir informes, citar funcionarios y elaborar un informe con recomendaciones para evitar que se repita una tragedia así. Pero la negativa del kirchnerismo y parte del peronismo dejó esa iniciativa congelada, frustrando la posibilidad de una investigación independiente.

Queda entonces la pregunta abierta: ¿por qué se bloqueó investigar un caso que pone en riesgo la salud pública? Mientras no haya respuestas claras, la preocupación y la sospecha siguen creciendo, y las víctimas no tienen justicia.