La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó con una jugada central en la estrategia oficial: abrir la puerta a inversiones privadas para reactivar obras en rutas nacionales. La definición surgió tras un encuentro en Casa Rosada con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Según información de la agencia NA, el Ejecutivo trabaja en un decreto que permitirá a las provincias gestionar obras viales dentro de sus territorios, pero financiadas por capital privado. La iniciativa aparece en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública tradicional. El objetivo es claro: reactivar infraestructura sin comprometer recursos del Estado nacional.
El esquema que evalúa el Gobierno busca que determinados distritos puedan canalizar inversiones privadas en tramos de rutas nacionales. La medida apunta a resolver la falta de obras y reducir el déficit de infraestructura vial.
En la reunión también participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, dos figuras clave en la articulación política del oficialismo.
Si bien no se difundieron detalles técnicos del decreto —lo que marca un vacío de información relevante—, la señal política es contundente: avanzar hacia un modelo donde el sector privado tenga un rol central en la obra pública.
Tanto Frigerio como Cornejo no solo escucharon la propuesta, sino que además ratificaron su respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional.
Según el comunicado oficial, ambos mandatarios destacaron el trabajo conjunto con Nación, en un gesto que cobra peso en medio de la necesidad del oficialismo de sostener apoyos territoriales.
Sin embargo, el contexto es complejo. El martes 14 de abril, intendentes peronistas, con respaldo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, se movilizaron para reclamar la reactivación de obras paralizadas.
Desde el Gobierno argumentan que el freno responde a la falta de fondos y a irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Pero la presión política crece, especialmente en distritos donde la obra pública impacta de forma directa en el empleo.
El movimiento sintetiza la hoja de ruta del Gobierno: equilibrio fiscal sin obra pública tradicional. La apuesta es trasladar el peso de la inversión al sector privado.
El interrogante es si este esquema logrará atraer capital en un contexto de alta incertidumbre económica. También queda por ver si las provincias tendrán capacidad real para ejecutar proyectos bajo este modelo.
Por ahora, Karina Milei gana protagonismo en la gestión y ensaya una salida pragmática frente a uno de los frentes más sensibles: la infraestructura. El desafío es doble: sostener el ajuste sin profundizar el deterioro vial.
