Hay una pregunta que muchos se están haciendo desde este viernes, pero pocos tienen la respuesta clara: ¿qué cambia realmente con la Ley de Inocencia Fiscal y a quién beneficia? La norma ya está vigente, pero sus efectos no son tan obvios como parecen. Entenderla hoy puede evitar problemas mañana.
Desde su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas más importantes impulsadas por el Gobierno para ordenar el sistema tributario argentino. La ley fue sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y apunta a tres objetivos centrales: dar más seguridad jurídica, reducir la persecución fiscal injustificada y generar un verdadero alivio impositivo para quienes cumplen.
La idea de fondo es simple: que el Estado deje de tratar como delincuente a quien comete errores menores y concentre sus esfuerzos en los casos graves de evasión.
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con los delitos tributarios. Hasta ahora, los montos mínimos estaban tan desactualizados que muchos contribuyentes podían enfrentar causas penales por cifras relativamente bajas.
Con la nueva ley, la evasión simple solo se considera delito cuando supera los $100 millones. En el caso de la evasión agravada, el piso sube a $1.000 millones. Esto reduce la criminalización innecesaria y pone el foco en maniobras realmente significativas.
También se actualizaron los montos para multas y sanciones administrativas. El objetivo es claro: menos castigo por errores formales y más control sobre conductas graves.
La Ley de Inocencia Fiscal incorpora una declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones, siempre que no estén catalogadas como grandes contribuyentes.
Quienes adhieran y acepten la liquidación propuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtienen un beneficio clave: se da por cumplido el Impuesto a las Ganancias del período declarado, sin vueltas ni revisiones posteriores.
Además, la ley introduce un principio central de seguridad jurídica: se presume que lo declarado es correcto. Solo puede ser cuestionado si hay diferencias importantes, como un aumento mayor al 15% del impuesto o montos que superen los $100 millones.
Otro punto clave es la reducción de los plazos de prescripción. Para quienes presentan sus declaraciones en tiempo y forma y regularizan saldos, el plazo baja de cinco a tres años. Esto termina con fiscalizaciones eternas y aporta previsibilidad.
En lo penal, la norma es clara: si el contribuyente paga la deuda y los intereses antes de una denuncia, no hay causa penal. Y si la causa ya existe, se extingue al regularizar la situación dentro de los plazos.
Si bien aún faltan reglamentaciones del Poder Ejecutivo y resoluciones operativas de la ARCA, la ley ya rige plenamente. Esas normas solo definirán aspectos técnicos.
La Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio de enfoque: menos arbitrariedad, más reglas claras y un sistema tributario más razonable para quienes quieren cumplir.
