El presidente Javier Milei encendió nuevamente el debate económico en una reciente cadena nacional, en la que afirmó que, de llegar al poder en 2025, su gobierno eliminará el 90% de los impuestos nacionales. La propuesta, que generó un aluvión de reacciones, fue matizada horas después por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien salió a aclarar la situación, bajando la expectativa generada por el anuncio presidencial.

En su alocución, Milei explicó que su propuesta forma parte de una reforma impositiva estructural que no solo reduciría el número de impuestos nacionales, sino que también devolvería a las provincias la autonomía fiscal, una facultad que, según él, nunca debieron haber perdido. "Vamos a reducir la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos explícitos", prometió el mandatario libertario, sugiriendo que esto incentivaría las inversiones y el crecimiento económico.

Sin embargo, a las pocas horas, Sturzenegger utilizó su espacio en Radio Mitre para dar una interpretación más matizada de las palabras de Milei. El funcionario aclaró que la promesa no implicaría necesariamente una rebaja masiva de la carga tributaria, sino más bien una simplificación del sistema, reduciendo la cantidad de instrumentos fiscales. "No estamos hablando de una disminución del 90% en términos cuantitativos, sino en la cantidad de impuestos que existen", explicó el ministro. Según su visión, se buscará una "concentración en los impuestos más importantes", eliminando aquellos que, a pesar de existir, no generan una recaudación significativa.

Este planteo refleja una estrategia diferente: simplificar la estructura tributaria para hacerla más eficiente, pero sin eliminar de golpe impuestos fundamentales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias o las retenciones a las exportaciones. De esta manera, el gobierno de Milei parece apostar a una reforma gradual y ordenada que no afecte directamente los ingresos del Estado.

El anuncio de Milei y la aclaración posterior de Sturzenegger dejaron abierta una pregunta central: ¿hasta qué punto la reforma será de carácter estructural o solo se limitará a una reorganización del sistema? A medida que se acercan las elecciones de 2025, la incertidumbre sobre cómo se materializará esta promesa continúa alimentando el debate en los pasillos de la política bonaerense y entre los analistas económicos.

En tanto, la oposición y sectores de la sociedad civil siguen de cerca estos vaivenes. Algunos advierten sobre el riesgo de que una reforma demasiado agresiva pueda desfinanciar al Estado y profundizar los desequilibrios fiscales. Otros, por el contrario, aplauden la idea de reducir la presión tributaria, aunque insisten en que es necesario un plan claro y sostenible para evitar nuevas crisis económicas.

La diferencia de enfoque entre el presidente y su ministro refleja, en última instancia, la complejidad de la reforma prometida y las dificultades inherentes a su implementación, mientras el país sigue con atención los movimientos de un gobierno que busca transformar radicalmente el sistema económico.