La Central Agroalimentaria de Barranqueras, licitada en agosto de 2022, enfrenta serias sospechas de corrupción. El proyecto, valuado en $1.309 millones, tuvo una apertura de licitación apenas tres días después del decreto, lo que levanta dudas sobre su transparencia. La obra fue adjudicada a una UTE que en diciembre del mismo año facturó el 34.89% del presupuesto total.
El financiamiento estaba destinado a dividirse entre 2022 y 2023, pero los pagos se realizaron principalmente el año siguiente. Según las condiciones establecidas, la obra debería mostrar avances significativos, algo que hasta ahora no ha sucedido. Además, el acceso al predio fue construido por contratación directa, sumando otros $25.6 millones a la inversión.
Una de las principales irregularidades detectadas es el uso de redeterminaciones, mecanismo que ajusta presupuestos por inflación. Este recurso es clave para justificar pagos en obras que no avanzan o están paralizadas. Según denuncias, estas maniobras permiten justificar gastos como alquiler de maquinaria o personal, desviando fondos sin resultados visibles.
El caso no es aislado. Obras como el Segundo Acueducto y proyectos habitacionales inconclusos en Chaco reflejan un patrón sistemático de corrupción. Se responsabiliza tanto a empresarios como a funcionarios que validan pagos sin supervisar los avances.
La falta de sumarios internos para investigar a los responsables es preocupante. Inspectores de obra y otros funcionarios clave siguen en sus puestos, perpetuando la impunidad. Mientras tanto, los pagos millonarios realizados para la Central Agroalimentaria de Barranqueras no se reflejan en avances concretos.
El caso expone una problemática recurrente en la provincia: los mecanismos corruptos en la obra pública que involucran tanto al Estado como al sector privado. Esto deja en evidencia la necesidad urgente de transparencia y control en los procesos de licitación y ejecución de proyectos.
