En un giro audaz que rememora las políticas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei, Donald Trump ha anunciado una serie de medidas destinadas a acelerar la aprobación de proyectos con inversiones superiores a los mil millones de dólares en los Estados Unidos. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump adelantó que los inversionistas que comprometan sumas millonarias en la economía estadounidense podrán obtener aprobaciones expeditas para sus proyectos, incluidas las ambientales. "¡PREPÁRATE PARA EL ROCK!", agregó el mandatario, con su característico tono desafiante.
El anuncio ha generado un aluvión de comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios no tardaron en compararlo con la iniciativa del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsada por Milei en Argentina. Aunque el objetivo de ambos planes parece coincidir —atraer inversiones significativas—, las diferencias en su implementación son notorias. Mientras que el RIGI argentino ofrece beneficios fiscales y garantías de estabilidad a empresas que inviertan en sectores clave de la economía, el “RIGI de Trump” pone énfasis en la aceleración de trámites ambientales, lo que podría facilitar la concreción de proyectos de infraestructura y energía.
En este contexto, la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) de los Estados Unidos ha sido un tema central de debate. Esta legislación exige a las agencias federales realizar exhaustivas evaluaciones ambientales antes de aprobar proyectos de gran envergadura, como oleoductos y rutas. Aunque empresas y grupos de inversores han criticado durante años los prolongados plazos de estas evaluaciones, el presidente Trump ha señalado que se priorizará la celeridad en las aprobaciones, aunque sin eludir la normativa vigente.
William Buzbee, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, advirtió en The Hill que, si bien Trump podría solicitar a las agencias que agilicen ciertos trámites, las evaluaciones ambientales seguirán siendo obligatorias bajo la NEPA. Según Buzbee, las agencias deberán ser meticulosas en su trabajo, especialmente si los proyectos en cuestión tienen impactos ambientales significativos, ya que cualquier irregularidad podría dar pie a una revisión judicial posterior.
La propuesta de Trump también coincide con el momento en que la Corte Suprema de los EE. UU. debate la posibilidad de limitar el alcance de la NEPA, excluyendo ciertos efectos ambientales indirectos de la evaluación obligatoria. Si bien no está claro si el anuncio de Trump guarda relación directa con este caso, es evidente que la presión para transformar el panorama regulatorio en torno a las inversiones de gran escala está en auge.
En el marco internacional, esta medida refuerza la idea de que la competencia por atraer inversiones extranjeras es más feroz que nunca, y cada vez más gobiernos buscan ofrecer incentivos para garantizar el flujo de capitales que impulsen el crecimiento económico. A medida que Trump continúa buscando una reelección, su enfoque en la agilización de procesos y la creación de un entorno más favorable para las grandes inversiones podría convertirse en una de sus principales cartas de campaña. Sin embargo, la implementación efectiva de estos cambios dependerá de las tensiones entre la política ambiental y el impulso al desarrollo económico.
