¿Te imaginás que alguien compre propiedades millonarias con guita del Estado, las oculte en paraísos fiscales y después vuelva a invertir en Argentina como si nada? Bueno, eso pasó. Y recién ahora están empezando a recuperar parte de esa plata.
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un paso clave: logró el decomiso de bienes por más de 150 millones de pesos vinculados a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una causa que revela cómo operaba la corrupción kirchnerista. La medida fue avalada por la Justicia y marca un precedente importante: es el primer decomiso anticipado hecho por la UIF, sin necesidad de esperar una condena firme.
Entre los bienes incautados hay un departamento en Villa Urquiza, comprado con fondos de origen ilícito. Formaba parte de una red de inversiones creada para lavar guita y esconder el origen del dinero. Según explicó Paul Starc, titular de la UIF, el objetivo es que esos activos no se pierdan ni se metan de nuevo en circuitos criminales mientras avanza el juicio.
“Recuperar la plata de la corrupción es tan importante como meter presos a los responsables. Esa guita tiene que volver al Estado”, dijo Starc.
El rol de Muñoz en este entramado fue central. Era de confianza absoluta de Kirchner y manejó millones mientras estuvo a su lado. En 2016, los Panamá Papers revelaron que él y su esposa tenían una offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Desde ahí, arrancó el destape.
¿Cómo era el circuito? Compraban propiedades en Nueva York y Miami con plata sucia, las vendían, y ese dinero volvía en forma de nuevas inversiones. Así se armó una red de lavado internacional que incluso incluyó un supuesto proyecto turístico en Turks and Caicos —en el Caribe—, que jamás se concretó. Paraíso fiscal y pantalla perfecta.
En 2022, la Justicia argentina congeló cuatro terrenos en ese lugar, valuados en al menos 30 millones de dólares. Aún se espera recuperar parte de ese monto.
La UIF destacó que este caso muestra lo sofisticada que era la estructura diseñada por Muñoz. El ex secretario murió el 25 de mayo de 2016, apenas semanas después del escándalo de los Panamá Papers, víctima de un cáncer fulminante.
Este avance judicial no solo permite visibilizar el funcionamiento interno de la corrupción kirchnerista, sino que también representa una señal: es posible ir por los bienes y no solo por los nombres.
Ahora el desafío es otro: que esa plata realmente vuelva al Estado y no quede otra vez en el limbo.
