El reciente aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha generado un gran debate. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un aumento del 4,4% para llevarlo a 1.184 euros mensuales, un incremento de 50 euros. Pero, ¿por qué esta medida está siendo tan polémica?
La subida del SMI, que es una de las promesas clave del gobierno socialista, fue pactada entre el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz (de Sumar), y los sindicatos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero (PSOE), ha decidido no elevar el mínimo exento del impuesto sobre la renta (IRPF), lo que significa que algunos trabajadores con salario mínimo empezarán a pagar más impuestos. Esta discrepancia ha tensado las relaciones dentro de la coalición.
A pesar de la subida, la medida no es tan beneficiosa como parece para todos. Aunque los trabajadores con el SMI ganarán un poco más, aquellos que no tengan personas a su cargo seguirán tributarán más. Esto ha generado incertidumbre, ya que, aunque la subida fue pensada para aliviar la situación de los más desfavorecidos, la carga tributaria podría contrarrestar el beneficio.
Pedro Sánchez ha destacado que el salario mínimo ha aumentado un 61% durante su mandato, lo que, según su punto de vista, refleja el compromiso de su gobierno con los trabajadores. Sin embargo, la inflación también ha jugado un papel importante en este debate. Desde que Pedro Sánchez asumió el poder, la inflación se ha mantenido alta, con un aumento de más del 35% en la canasta básica. Esto significa que el aumento del salario mínimo, aunque positivo, no alcanza a cubrir por completo el impacto de los precios en los hogares españoles.
El gobierno del PSOE defiende que, en comparación con otros países de la UE, es común que el salario mínimo tribute. Sin embargo, esta afirmación se cuestiona, ya que en muchos de esos países los sistemas de bienestar social y la calidad de vida son muy diferentes a los de España.
Otro aspecto que ha llamado la atención es la política de control sobre las transacciones electrónicas. Con la disminución del uso de dinero en efectivo, las operaciones electrónicas están ganando terreno. El gobierno ha propuesto una nueva normativa que obligará a las entidades financieras a informar sobre transacciones superiores a los 25.000 euros anuales. Esto forma parte de un plan para garantizar una mayor equidad fiscal, presionando a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones.
Este control no solo afectará a las tarjetas de crédito y débito, sino también a otros métodos de pago electrónicos, como las tarjetas virtuales, los monederos digitales y las tarjetas prepago. La medida entrará en vigor en 2025 y la primera declaración de los bancos se realizará en 2026.
El aumento del salario mínimo interprofesional en España es solo una parte de un debate más amplio sobre la economía, la tributación y el bienestar social. Aunque la medida podría mejorar la situación de algunos trabajadores, la falta de ajustes en el IRPF ha creado divisiones dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, la nueva normativa sobre transacciones electrónicas también genera incertidumbre, lo que hace que el futuro fiscal de los españoles sea aún más incierto.
