¿Puede un canal de streaming cambiar la política desde tu pantalla? Esa es la pregunta que circula desde que Carnaval Stream quedó en el centro de la polémica por los audios ilegales atribuidos a Karina Milei. Lo que parecía una filtración más, según el Gobierno, se convirtió en un operativo político y mediático con objetivos claros: desestabilizar al Ejecutivo.
Desde la Casa Rosada aseguran que no se trata de periodismo, sino de un proyecto financiado por Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, que utiliza a figuras como Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman para operar como altavoz político. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde puede llegar este canal?
Cuando Carnaval Stream apareció, llamó la atención por la mezcla de conductores mediáticos y respaldo financiero. Sin embargo, lejos de consolidarse como espacio plural, fue señalado por el oficialismo como un medio destinado a erosionar la credibilidad del Gobierno a través de operaciones mediáticas. La difusión de los audios de Karina Milei confirmó que no se trata de simples noticias: el canal funciona como brazo de intereses políticos y de inteligencia clandestina.
Tras la difusión del material, el vocero presidencial Manuel Adorni presentó una denuncia formal, describiendo la maniobra como “un ataque ilegal, planificado y dirigido”. La Justicia civil y comercial dictó una cautelar para frenar la propagación de los audios, entendiendo que fueron obtenidos de manera clandestina.
La resolución ordena al ENACOM supervisar el cumplimiento de la medida, aclarando que no es censura sino protección de la seguridad institucional y la intimidad de funcionarios.
La denuncia menciona nombres propios vinculados a la maniobra: el periodista Mauro Federico, Jorge Rial, el abogado Franco Bindi y Pablo Toviggino como sostén financiero del canal. El Ministerio de Seguridad solicitó allanamientos en las oficinas de Carnaval Stream y domicilios relacionados con los responsables.
Para el Gobierno, Carnaval Stream no es un actor periodístico legítimo, sino una pieza central en un esquema de desinformación y operaciones de inteligencia. La investigación sigue abierta y la expectativa crece: ¿se logrará frenar la circulación de este material y entender el alcance real de la maniobra?
