Manuel Adorni reveló en conferencia de prensa que un inmueble cedido al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMA) era utilizado como boliche clandestino. El edificio, ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89, había sido destinado a actividades educativas según su cesión original.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó en 2018 el uso gratuito del inmueble al IUNMA mediante la Resolución RS-2018-03383408-APN-AABE#JGM. Esta decisión revocó permisos previos de otras organizaciones con el objetivo de priorizar proyectos educativos y sociales, en línea con la política estatal de racionalización del patrimonio público.
Documentos de enero de 2018 confirman que los pisos asignados al IUNMA estaban bajo su responsabilidad. Sin embargo, informes recientes evidencian su uso para actividades comerciales ilegales, lo que contradice los fines estipulados en la cesión.
El ex presidente de la AABE, Ramón María Lanús, y el vicepresidente Pedro Villanueva, justificaron la medida argumentando el compromiso del Ejecutivo Nacional con la preservación del patrimonio estatal. Sin embargo, las denuncias actuales apuntan a la falta de supervisión en el cumplimiento de estos objetivos.
Las críticas no solo recaen sobre las autoridades que aprobaron la cesión, sino también sobre la gestión del IUNMA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández. La falta de auditorías y controles efectivos permitió que el espacio fuera utilizado indebidamente.
Este caso pone en evidencia la necesidad de implementar medidas estrictas para garantizar que los bienes del Estado cumplan con sus fines originales. La polémica sigue creciendo mientras se exige transparencia y responsabilidad en la administración pública.
