En los próximos días, se espera una decisión clave en el Congreso sobre un tema que lleva años siendo discutido: la reforma al Régimen Penal Juvenil. El gobierno de Javier Milei, con el impulso de figuras clave como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se prepara para avanzar con la reducción de la edad de imputabilidad penal en Argentina. Este cambio es fundamental para adecuar la justicia a las crecientes demandas de seguridad que vive el país.
Pero, ¿qué implica realmente esta reforma y qué sucederá en las próximas semanas? ¿Por qué se genera tanto debate? Aquí te lo contamos todo.
El proyecto original del gobierno de Javier Milei proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, tras intensas negociaciones con otros sectores políticos, se acordó un cambio clave: el nuevo umbral se fijará en los 14 años. Este acuerdo se alcanzó entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y otros bloques que consideran fundamental una reforma en este sentido.
Esta modificación busca garantizar el apoyo necesario para que la propuesta avance en el Congreso y logre dictamen favorable en las comisiones. A lo largo de la semana, el plenario de comisiones finalmente se reunirá para debatir sobre este tema tan crucial.
Actualmente, existen 14 proyectos de ley en discusión que proponen rangos de edad de imputabilidad que varían entre los 12 y los 16 años. Sin embargo, la versión del oficialismo —que se propone fijar en 14 años— es la que más fuerza tiene, y el gobierno buscará que sea esta la que reciba el dictamen de mayoría.
Más allá de la edad, los proyectos incluyen una serie de sanciones alternativas a la prisión. Entre ellas, se proponen tareas comunitarias, amonestaciones o restricciones de acercamiento a las víctimas. Estas alternativas muestran un enfoque integral que no solo busca castigar, sino también rehabilitar a los jóvenes infractores.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el límite de las penas privativas de libertad. El proyecto original establece un máximo de 20 años de reclusión, pero algunos otros proyectos sugieren reducirlo a 15. Sin embargo, existe consenso en que se debe garantizar que no se apliquen penas perpetuas a menores de edad, en respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales.
Una de las preocupaciones más destacadas por algunos legisladores es la capacidad del sistema penitenciario juvenil para recibir a una mayor cantidad de menores imputados. Aunque el proyecto no contempla, por ahora, partidas presupuestarias específicas para nuevos centros de detención, se espera que en el futuro se realicen los ajustes necesarios para acompañar esta reforma.
El debate sobre la edad de imputabilidad es solo el comienzo de una reforma más amplia en el sistema de justicia penal juvenil. A medida que avancen las discusiones, se espera que el gobierno de Javier Milei siga buscando consensos para lograr una reforma que permita enfrentar los desafíos actuales en materia de inseguridad, pero también garantizando los derechos de los menores.
La próxima semana será clave, y es probable que la reforma siga generando controversia. Sin embargo, lo cierto es que el debate sobre el Régimen Penal Juvenil está en marcha, y las decisiones que se tomen marcarán un antes y un después en la justicia penal argentina.
