¿Puede una provincia asumir un rol que normalmente tiene el Gobierno nacional? Ese es el debate que genera el Parlamento del Clima, que volverá a sesionar en Córdoba después de años de inactividad. La cita será el 12 de septiembre en la Legislatura provincial, bajo la presidencia del oficialista Abraham Galo. Lo que parecía un organismo olvidado ahora despierta interés político y mediático.
El Parlamento del Clima se creó en 2017 con la idea de coordinar políticas ambientales, pero casi nunca funcionó. Hoy, el encuentro busca mostrar que Córdoba puede impulsar su propia agenda ambiental, alineada con la Agenda 2030, aunque con críticas de quienes consideran que estas regulaciones internacionales afectan la soberanía económica.
El lema oficial menciona un “tributo al Papa Francisco”, pero detrás hay un trasfondo político. La movida apunta a mostrar un bloque opositor al presidente Javier Milei, quien cuestionó la validez del Acuerdo de París. Mientras el Gobierno nacional prioriza limitar la burocracia internacional y cuidar los intereses productivos, la provincia insiste en acuerdos globales que fortalecen su relato progresista.
Organizadores del Parlamento del Clima buscan sostener la presencia argentina en la COP 30 en Brasil, aunque el Gobierno nacional decidió no enviar delegados. Legisladores provinciales y referentes de Sudamérica se reunirán para definir estrategias conjuntas. La idea es clara: si la Nación se retira, las provincias “representan” al país en foros internacionales.
El contraste con la postura nacional es evidente. Mientras Milei prioriza la producción y la economía local, Córdoba promueve acuerdos globales que imponen regulaciones estrictas, muchas veces más alineadas con ONGs internacionales que con las necesidades del campo y la industria local.
El oficialismo provincial sostiene que el Acuerdo de París abre acceso a financiamiento internacional. Sin embargo, esos créditos exigen cumplir condiciones que subordinan la economía local. Expertos afines a la provincia presentan el ambientalismo como una oportunidad, pero en la práctica implica impuestos verdes, regulaciones y controles que afectan a productores y empresarios.
El regreso del Parlamento del Clima refleja más un objetivo político que ambiental. Desde 2017, el organismo tuvo un solo encuentro y nunca más funcionó. Hoy se lo utiliza para exhibir liderazgo regional y proyectar a Córdoba como bastión de la Agenda 2030, en oposición al rumbo del Gobierno nacional. La figura del Papa Francisco se usa para dar legitimidad moral a esta agenda internacionalista.
En definitiva, el regreso del Parlamento del Clima plantea preguntas clave: ¿pueden las provincias reemplazar al Estado nacional en política internacional? ¿Qué costos reales trae esta agenda verde para los ciudadanos y productores locales? Lo que se decida en Córdoba no solo marcará la política ambiental provincial, sino que también puede redefinir la relación de la Argentina con los acuerdos globales.