¿Sabés qué está pasando con Vialidad Nacional y por qué la justicia frenó un decreto presidencial que buscaba cambiar todo? La historia tiene varios actores y un trasfondo político que puede sorprenderte. Te lo cuento acá, fácil y claro.
El gobierno de Javier Milei quiso disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una institución que, según denuncian, está llena de estructuras burocráticas que mantienen la corrupción K desde hace años. El decreto 461/2025 buscaba justamente cortar con esa “mafia” para hacer más eficiente el Estado y ahorrar plata pública. Pero… ¿qué pasó después?
Una jueza, Martina Forns, conocida por sus vínculos con el kirchnerismo, decidió suspender por seis meses ese decreto. ¿Por qué? Porque un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) pidió frenar la medida, argumentando que se deben proteger los derechos laborales de los trabajadores.
Ahí aparece Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que no se quedó callado. En sus redes sociales, denunció quién está detrás del amparo y dejó picando una verdad incómoda: “La persona que presentó el amparo por Vialidad solía viajar en el avión privado de Lázaro Báez y su marido era socio de Martín Báez. ¡No extraña que quieran proteger la madriguera!”. Con esta frase, Sturzenegger apuntó directamente a los vínculos entre el sindicato y las figuras del kirchnerismo que están bajo sospecha por corrupción.
Ahora, el Gobierno de Milei ya confirmó que va a apelar esta suspensión, para intentar avanzar con la disolución de Vialidad Nacional y seguir con su plan de reformar el Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo aclaró: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.
Este enfrentamiento no es solo una pelea por una institución. Es parte de una disputa más grande que pone en juego cómo se manejan los recursos públicos y qué estructuras burocráticas deben cambiar para que la plata de los argentinos no siga siendo malgastada. La reforma que propone Milei apunta a eliminar esos centros de corrupción K y avanzar hacia un Estado más eficiente y transparente.
Queda por verse cómo seguirá la historia judicial y política, y si el decreto podrá finalmente implementarse. Pero lo cierto es que el caso Vialidad Nacional abrió una puerta que pone en jaque a viejas formas de manejar el poder y los recursos en el Estado argentino. ¿Logrará el gobierno superar este obstáculo? ¿Qué impacto tendrá en la lucha contra la corrupción?
